Especialistas en Denominaciones de Origen e Indicaciones geográficas

DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y ESTADO

Durante años hemos escuchado que una denominación de origen, cualquiera que sea, llámese Charanda o Tequila, pertenecen al Estado mexicano.

¿Es posible que una palabra que se utiliza por un grupo de personas de manera ancestral para designar un producto con prestigio en una región, pueda ser propiedad del Estado?

¿Es posible que el Estado pueda tener la exclusividad para la explotación de un producto elaborado en México?

¿El Estado sabe hacer Sotol?

La reforma a la Ley de Propiedad Industrial publicada en marzo del 2018 retoma la problemática en interpretación queriendo ir un poco más allá y dejando a un lado mencionar al Estado al establecer:

Artículo 160.- La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto.

Asimismo, la propia reforma establece:

Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación.

 Es un hecho es que los productores de una denominación de origen como el Chile Yahualica o como Mezcal ya usaban la palabra desde antes de la formación del Estado mexicano.

 Por lo anterior es de concluirse que una denominación de origen existe por sí misma, no es un derecho que se otorga, sino que es un derecho que reconoce.

Es evidente que el Estado sabe que no tiene ni idea de cómo hacer Bacanora, ni de cómo se prepara la Talavera, el Ámbar de Chiapas, las artesanías de Olinalá o como se produce el Cacao de Grijalva.

Queda claro que el Estado no significa absolutamente nada para una denominación de origen sin los productores.

Lo que el Estado hace en realidad, y eso es el matiz que se debe destacar a la luz de la reforma la ley, es otorgar una declaratoria de protección a la palabra con la que se designa a un producto qué, gracias al medio geográfico, métodos de producción y sobre todo factores humanos merece por su reputación una diferenciación de calidad y una vinculación a un lugar por el origen.

Una vez reconocida a través de su declaratoria de protección, otorgada por el IMPI, la denominación de origen pasa a formar, de acuerdo a la reforma a la Ley de Propiedad Industrial, un bien de dominio del poder público de la Federación.

Si bien es cierto, que las denominaciones de origen mexicanas no pueden existir si no es en el territorio mexicano, que ese sí le pertenece al Estado pero sin olvidar que la parte fundamental de su estructura, junto con el territorio y el gobierno, es el pueblo, tampoco puede existir el producto si no existe quien lo produce, por lo tanto, la vinculación entre la denominación de origen y su titularidad debiera entenderse en todo caso compartida.

En el futuro yo me inclinaría a que la declaratoria de protección que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a las denominaciones de origen, se hiciera exclusivamente mediante la concesión de explotación del territorio nacional vinculado a un producto, con lo cual solo tendría el control de la zona de explotación nacional que comprendería la denominación de origen, pero los productores deberían tener el control y la autonomía de la denominación de origen y las normas las deberían dictar ellos a través de sus Consejos Reguladores para dirigir su suerte sin intervención estatal alguna, porque recordemos que una denominación de origen existe por sí misma, con o sin declaratoria de protección, como lo es el caso de la Raicilla o el queso Cotija,  productos que no se pueden producir, si no es a través de los que ancestralmente conocen sus métodos de producción.

Prácticamente deberían ser como una marca colectiva con protección del Estado porque el territorio de explotación es estatal, pero el control de la palabra reputada es, en mi opinión, de quien la hace famosa.

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Luis Miguel Hernández

Luis Miguel Hernández

Asesor de la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen ANDO, CIVC comité interprofessionnel du vin de champagne, INAO, (Institut National de l’origine et de la qualite), del Consejo Regulador del Mezcal, Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, así como otras instituciones mexicanas relacionadas con el comercio mundial.

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